AUTOR: SOPHIA ICAZA IZQUIERDO
Como señalamos en un articulo reciente, la Pandemia ha desnudado la caótica situacion que atraviesan diversas áreas del sector pùblico nacional y el sistema de administración de justicia no es la excepcion, claramente nuestro sistema colapsò mucho antes de la llegada del Covid 19, pues increíblemente pese a la introducción de alguna propuestas y programas para su modernización, continua anquilosado y arcaico, renuente al cambio de era, tornándose en inoperante, lejos de ser un servicio de justicia oportuno y eficaz. Como dice el viejo adagio “justicia que tarda no es justicia”, y el viejo sistema pareciera comprobarlo a cada momento, renuente a la transformación estructural e integral.
La coyuntura actual, como todas las crisis, debiera ser la oportunidad para acelerar dramáticamente dicho proceso de transformación a la era digital, nos empuja a implementar estos cambios sobre la marcha, desplegando esfuerzos humanos y principalmente económicos, que debe ir más allá de la implementación de tecnologías de la información y comunicación (TICS) pues la digitalización del sistema implica un cambio integral, el desafío es inmenso pero estamos obligados a implementar ese cambio de paradigma, cuya transformación conlleva un cambio cultural, y es precisamente la emergencia mundial lo que nos llevara a acelerar los procesos, pues finalmente toda crisis es una oportunidad.
Si bien es cierto existe un Plan Nacional de modernización de la justicia que data del año 2017, a la fecha nos encontraríamos en la fase relacionada con la implementación del denominado expediente judicial electrónico (EJE) el cual digitaliza casos del área civil y laboral para determinadas materias y años, ademas contamos con el sistema de notificación electrónica (implementada recientemente en el ambito penal), casilla electrónica, y recientemente se ha anunciado la Mesa de partes virtual para el ingreso de nuevos procesos, buscando que se mantenga el aislamiento social y aglomeración de personas. Asimismo, la situacion actual ha obligado el uso de la tecnología mediante audiencias virtuales a traves de las plataformas Zoom y Google hangouts, lo que ha permitido la tramitación de procesos principalmente vinculados a temas de libertad personal en el ambito penal, siendo en esta área la Corte Suprema quienes llevan la delantera mediante el uso de la tecnología a la interna, por ejemplo programando durante la pandemia, la realización de audiencias virtuales, emisión de sus resoluciones vía virtual y digitalización.
Sin embargo, el cambio va más allá de de plataformas e infraestructuras tecnológicas (para las cuales no existiría presupuesto). Una verdadera revolución implica el surgimiento de una cultura diferente a lo que estamos acostumbrados los operadores de justicia, siendo necesario desterrar prácticas aparentemente enquistadas en la administración de justicia, con los beneficios que ello implica en términos de eficacia y eficiencia en la resolución de causas, y mejora en el acceso a la justicia en general, pues mediante el uso de la tecnología lograremos reducir la burocracia enquistada en los tribunales, y disminución de costos. La tecnología y el cambio cultural a la interna del sistema judicial no solucionaran los problemas medulares, sin embargo el trabajo en la capacitación de recursos humanos, creación y reasignación de roles sirviéndonos de la tecnología, permitirá dar real enfoque al objetivo del sistema judicial cual es alcanzar la Justicia.
En consecuencia, la Pandemia serà el punto de inicio del cambio, o únicamente nos conformaremos con el uso de algunos mecanismos digitales (audiencias vía virtual, mesa de partes virtual, expediente virtual) sin que ello implique el cambio real que se quiere, y tantas veces postergado, el sueño de una justicia moderna, con el cambio de mentalidad, una reforma real normativa, organizacional, estructural ante la nueva era tecnológica. Esta debiera ser la oportunidad para iniciar el cambio mediante la implementacion rauda de mecanismos y plataformas virtuales que existen, tales como: comunidades y redes sociales judiciales, agenda electrónica, capacitaciones virtuales, seguimiento de casos virtuales (expediente virtual, mesa de partes virtual) y un largo etcétera, es decir, ir avanzando ya en la implementacion de aquellos sistemas que generaciones de abogados jóvenes nos preguntamos porque no han sido introducidos en el sistema, privilegiándose la tecnología y mecanismos de comunicación al alcance, lo cual redundara en el destierro de la saturación judicial, aumentando la confianza y transparencia en este poder del Estado, disminuyendo los indices de corrupción, etc.
¿Nos encontramos preparados para esta transformación?
Esta mirada romántica de cambio no puede ser ajena a la realidad del sistema de justicia en diversas regiones y provincias de nuestro pais, en donde encontramos grandes brechas socioeconómicas, geográficas, culturales, etc, donde existen lugares que ni siquiera cuentan con una computadora e internet; lo que nos devuelve la mirada nuevamente a la “gestión pública” que implementaron nuestros gobiernos, y a los altos indices de corrupcion, frente a lo cual es el Estado el que debe encargarse de destinar los recursos necesarios (en términos humanos, logísticos, económicos, etc) para implementar los servicios básicos de las comunidades, entre ellos, la administración de justicia, implementando módulos de justicia al servicio del ciudadano con servicios de computadora e internet, etc; logrando la modernización de la justicia también lograremos grandes beneficios frente a una plaga que pareciera jamás abandonarnos, cual es la indiferencia y desigualdad, frente a la administracion de justicia eficaz e igualitaria para todos.
Tal vez sea el momento de impulsar a todo pulmón la reforma tan esperada, pero ello requiere además de recursos, la verdadera voluntad y compromiso políticos de nuestros gobernantes pues el problema es endémico y multisectorial. Y de esta manera lograremos seguramente devolverle la institucionalidad al Poder Judicial y al sistema de justicia en general.
