AUTOR: JORGE FERNANDEZ LOO
Todos los 09 de agosto se conmemora el Día Internacional de los Pueblos Indígenas, a media hora de dicha celebración, el pasado sábado en la localidad de Bretaña, Provincia de Requena, Región de Loreto, un grupo de nativos de la etnia Kukama se concentraron frente al Campamento de PetroTal, operador del Lote 95, con la finalidad de tomar las estaciones y obligar a paralizar operaciones por demandas contra el Gobierno Central, ello con la finalidad de presionar al Estado por proyectos de salud, electricidad y saneamiento que no han sido atendidos adecuadamente durante la pandemia.
Lamentablemente, al no llegar a un acuerdo, un nativo disparó perdigones a un policía, desatándose un enfrentamiento entre ambos grupos que concluyó con el penoso fallecimiento de tres comuneros, seis policías heridos y otros once nativos también heridos.
Al respecto, debemos precisar que no es la primera vez que suceden este tipo de hechos lamentables en Loreto, recordemos que por hechos similares, en marzo del 2008, un grupo de trescientos nativos aproximadamente de las etnias Achuar y Quichua atacaron las instalaciones del Lote 192 (Exlote 1-AB), principalmente la zona del aeródromo de Andoas, dando como resultado la muerte de un miembro PNP de la Dirección Nacional de Operaciones Especiales (DIROES) y otros cinco policías heridos; ello generó la detención y procesamiento de un grupo de veintiún miembros de la comunidad nativa, quienes al final del proceso penal resultaron absueltos de los delitos de homicidio, robo agravado, disturbios y otros, ello en aplicación del Convenio OIT N° 169, concretamente en estricta aplicación del Error de comprensión culturalmente condicionado regulado en el Art. 15 del Código Penal.
Al respecto, es importante recordar que dicho artículo no es aplicación automática, es fundamental acreditar el cumplimiento de determinados criterios, tales como: (i) estar inscrito en el padrón de miembros de la comunidad nativa, (ii) asimismo dicha Comunidad debe obrar inscrita en el Registro de Comunidades del Ministerio de Cultura y, (iii) finalmente, debe practicarse obligatoriamente una Pericia Antropológica.
Asimismo, en abril del 2019, un grupo de comuneros atentaron contra personal de la empresa petrolera que tiene operaciones en el Lote 8, Distrito de Trompeteros, Provincia y Región de Loreto, una vez más, producto del ataque de los nativos con escopetas de perdigones resultaron quince personas heridas, entre ellos policías y colaboradores de la empresa, los cuales fueron evacuados a la ciudad de Iquitos para su atención médica. Actualmente dicha investigación continúa en trámite de Investigación Preparatoria ante la Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Nauta por los delitos de Disturbios, Daños Agravados, Lesiones graves, Secuestro, Atentado contra la seguridad pública y otros.
Esta es la realidad de las operaciones de hidrocarburos en la selva del Perú, las empresas tienen que convivir con los conflictos sociales de las comunidades aledañas al lote petrolero o con los paros regionales o medidas de fuerza organizados por la Federaciones, resultando pertinente precisar que muchos de los conflictos sociales se dan por falta de capacidad de diálogo entre los principales actores de la negociación, es decir representantes del Estado y miembros de dichas comunidades.
Equivocadamente, en estos últimos tiempos, las comunidades nativas han visto a las empresas privadas como mecanismo idóneo de presión para que el Estado peruano atienda inmediatamente sus reclamos, hechos que sólo aumentan las tensiones e intensifican los conflictos y peor aún en esta época de emergencia sanitaria.
Siguiendo esa línea, el último atentado ocurrido en el Lote 95 fue ocasionado por disparos efectuados por comuneros haciendo uso de sus retrocargas o escopetas perdigoneras contra los efectivos policiales, quienes impidieron el secuestro del Superintendente de Campo de la empresa petrolera, ello conforme se puede verificar de videos de la cámara de vigilancia de la empresa, los cuales están circulando en prensa y redes sociales, hechos ratificados según Acta Fiscal verificada por la Fiscalía Penal Corporativa de Requena. Por su parte, el Ministerio del Interior, mediante comunicado oficial, ha informado que la participación de las fuerzas policiales tenían por propósito restablecer el orden público y contrarrestar la posible toma del campamento, argumento que es contradicho por la Organización de Pueblos Indígenas del Oriente (ORPIO), quienes señalan que los hermanos nativos fueron a comunicar que harían control territorial a través de lanzas y flechas.
La empresa involucrada, operadora del lote, también ha expedido un comunicado señalando que producto del incidente han tenido que evacuar a cien trabajadores, obligándose a paralizar operaciones por medidas de seguridad y que lamentablemente el país es el perjudicado por que se dejarán de producir 12,000 barriles diarios, que representan el 40% de la producción nacional, afirmación que ha sido ratificada por el comunicado de la Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía, precisando que fueron los mismos dirigentes nativos que lideraron el pasado el pasado 03 de agosto la toma de la Estación 5 de PetroPerú, instalaciones que por cierto aún permanecen ilegalmente ocupadas por los manifestantes, resaltando que las demandas de la población están ligadas -otra vez- a requerimientos de acceso a servicios públicos básicos y soporte sanitario no satisfecho por el Estado, haciendo con esta protesta un llamado al Gobierno para que cumpla con los compromisos asumidos con las poblaciones.
Estos hechos lamentables se dan a pesar de estar vigente el Decreto Legislativo N° 1489, através del cual Estado aprobó la estrategia de implementación y ejecución de servicios y acciones para la protección y atención de los pueblos originarios en el marco de la emergencia sanitaria declarada por la Pandemia del Coronavirus, que lamentablemente vemos que no ha surtido el efecto de atender necesidades básicas en las poblaciones vulnerables, ello a pesar que el Premier expuso ante el Congreso de la República que durante la pandemia se han atendido a veinte mil miembros de las comunidades y que no se aceptará ningún tipo de discriminación, olvido ni violencia hacía las Comunidades Nativas y Pueblos Originarios.
Por otro lado, en este último conflicto ha quedado demostrado que los comuneros no han tomado en consideración que las operadoras petroleras de las zonas del nororiente peruano han colaborado con diversas comunidades, donando canastas de víveres, miles de mascarillas y equipos de protección sanitaria, brigadas de salud para atención médica, así como balones de oxígeno medicinal, apoyo social a las comunidades, todo ello para suplir las deficiencias o insuficiencias de las medidas adoptadas por el gobiernos con los pueblos indígenas u originarios de la selva del Perú.
Somos de la opinión que todos estos conflictos sociales se solucionarían con una correcta redistribución del canon de producción de hidrocarburos, el mismo debería ser utilizado para viabilizar proyectos de obras públicas en las regiones, asimismo el plan de cierre de brechas debe ser una prioridad para el Estado y así evitar conflictos sociales, debemos tomar medidas de urgencia de reactivación petrolera, como la postergación de pagos de regalías, fomentar un nuevo reglamento de regalías, homologación del canon petrolero con el gasífero, entre otras.
