“El hombre razonable se adapta al mundo: el hombre no razonable persiste en intentar adaptar el mundo a sí mismo. Por tanto, todo progreso depende del hombre no razonable”
Hombre y Superhombre-George Bernard Shaw
Hoy vivimos en forma acelerada, 
consecuencia de los avances en las comunicaciones y la tecnología, lo que genera espacio ilimitado para innovar y crecer, cuando contrastamos esto con lo que viene ocurriendo con el Poder Judicial, da la impresión que este último fuese ajeno a la revolución que vivimos, como si hubiese quedado atrapado en el tiempo, cometiendo los mismos errores del siglo pasado, estableciendo una cultura en la que las formas son las que priman, bajo un sistema de reglas de distribución de trabajo absurdas, y dando la espalda a criterios como calidad y eficiencia.
Mis apreciaciones se basan en la experiencia como abogado litigante, usuario permanente de este sistema, y para explicar mejor mi posición considero oportuno tratar algunos aspectos de la práctica judicial desde puntos de vista que podrían corresponder a un Juez, la parte que reclama justicia y el abogado.
EL JUEZ
- Recibe más carga de trabajo que la que cualquier abogado del sector privado atiende. Un estudio publicado en el 2015 determinó que el Poder Judicial tiene una carga procesal de 3´042, 292 expedientes, de los cuales el 55% correspondía al acumulado de años anteriores, y el 45% a carga actual. Ingresan 200,000 nuevos procesos al mes, y el desfase al 2014 era de 1´865,361 expedientes[1], el crecimiento de la carga es mucho mayor al de la descarga. Un juez utiliza su tiempo en atender al público, dirigir audiencias, despachar con su personal y luego revisar sus casos, ¿en qué momento estudia?, o ¿cuándo se capacita?, no lo sé; ¿es posible que conozca los casos a su cargo?, es un hecho que conoce el detalle de muy pocos.
- El criterio que se utiliza para distribuir expedientes entre los jueces no se basa en la dificultad del caso. A magistrados que pertenecen a la misma especialidad se les asigna un número igual de casos, pero un mismo magistrado de diez que le asignan, puede recibir cinco de gran complejidad, mientras que su vecino diez muy sencillos. El tiempo de dedicación a cada proceso depende, entre otros factores, del nivel de dificultad de la controversia, si la distribución no contempla este factor, los jueces que se soporten mayor cantidad de casos complejos no van a estar en posibilidad de atender su trabajo de manera eficiente.
- La especialidad es otro factor. Por ejemplo, un Juez Civil puede recibir una demanda de desalojo, así como una de indemnización por daños ambientales, u otra para determinar responsabilidades en base al análisis de auditorias contables de suma dificultad; a diferencia de los árbitros que pueden asistirse de profesionales reconocidos por su prestigio, los jueces, salvo excepciones, deben acudir a peritos inscritos en el Registro de Peritos Judiciales, que son asignados al caso de manera aleatoria por el sistema, y que generalmente no dan con la talla para participar en una controversia judicial de gran complejidad. Es decir, muchas veces los jueces no tienen los conocimientos que exige la materia en conflicto, sin embargo el Estado les asigna la responsabilidad de resolver el mismo, sin darle las herramientas de apoyo que requiere para dicho fin, generándose mayor incertidumbre y frustración en el
- Nuestro sistema ha divido los jueces en titulares, provisionales y supernumerarios, el último reporte publicado en el 2015, determina que de nuestros 2,912 jueces (1 juez cada 10,697 habitantes), 386 son provisionales, 1689 titulares, y 837 supernumerarios[2]; un juez provisional o súper numerario no tiene seguridad en su cargo, y está sujeto a las decisiones del Presidente de la Corte a la que pertenece, lo que le resta autonomía e independencia.
LA PARTE
- Sea cual haya sido el resultado de su proceso, estoy seguro que en opinión de una persona que ha transitado por el Poder Judicial, esa es una experiencia que preferiría no repetir, antes que pedir tutela, quien va a reclamar sus derechos, seguro preferirá otorgar a su contraparte más concesiones de las que estuviese dispuesto a ceder, y llegar a un muy mal arreglo, a fin de evitar un proceso judicial. El sistema es perverso: quien está en falta tiene más ventaja respecto de quien reclama, es ineficiente e impone vallas gravosas a quien demanda por justicia.
- Otro problema es la incertidumbre sobre el resultado final. Se puede tener la razón, pero a lo largo del proceso las partes experimentan una serie de situaciones que no están acorde con la racionalidad, deben enfrentarse con el criterio de jueces que no conocen o entienden sus casos, lo que se pone de manifiesto en las audiencias o en las decisiones que emiten; además la frustración propia por la demora en obtener una justicia que les es esquiva, y porque deben recorrer un camino lleno de obstáculos propios de la desorganización.
- Los plazos procesales establecidos por nuestras leyes no sirven si quiera de referencia para lo que ocurre en la realidad. Tenemos las huelgas judiciales, que se dan todos los años. La última huelga del 2016, paralizó el sistema por aproximadamente 45 días, período en el que se frustraron las fechas de las audiencias, que seguramente las partes tenían meses esperando que se den ¿Cuántos derechos se volvieron irrealizables por la suspensión de labores del Poder Judicial?, no lo sabemos, pero el costo para el país es muy alto, empezando por el retraso que se sufre en la obtención de justicia, que no son solo los 45 días de huelga, sino la acumulación de trabajo que contribuye al desfase del sistema judicial.
EL ABOGADO LITIGANTE
- Ser el abogado litigante es complicado, antes que nada se le debe informar al cliente lo que implica entrar al sistema judicial, el camino a recorrer, la duración de los procesos, la incertidumbre cuya consecuencia es la falta de seguridad jurídica, los cambios de jueces, uno se esmera en que el juez a cargo conozca su caso, pero de buenas a primeras puede ser cambiado y nombran a un nuevo juez, con otro tipo de criterio, y de gestión, a empezar todo de nuevo.
- Los abogados para informar oralmente un caso nos preparamos para persuadir a los magistrados de nuestra posición, resulta frustrante acudir el día del informe a la Sala correspondiente de la Corte Superior o Corte Suprema, y comprobar que ese mismo día se van a realizar en forma conjunta con el nuestro, 15 informes más por lo menos. Hay Salas que agrupan todos los informes en un mismo día de la semana; la pregunta que uno se hace es, ¿qué puede quedar en el Magistrado a cargo de tu procesos de la presentación que hiciste?, si ese mismo día durante más de 3 horas escuchó los argumentos de abogados en temas totalmente diferentes, con el agravante que la sentencia que se emita es improbable se expida en un plazo menor a dos meses de efectuado el informe. ¿Sirve de algo el informe oral?, ¿vale la pena prepararnos y cargar esas horas de trabajo a nuestro cliente?
- Las audiencias, cuando menos en el fuero civil, se levantan en un acta por escrito, y cuando son audiencias de pruebas en las que hay interrogatorios, los mismos se deben plasmar en el acta, y en ese tránsito se pierde el impacto del mismo, generalmente después de realizada la pregunta y respondida la misma, el auxiliar judicial y el Juez, adaptan el texto de la pregunta al acta, y abrevian la respuesta al momento de su transcripción, en esos momentos todo es un caos, abogados y partes pugnan o por mantener las respuestas como se dieron, o arreglar el sentido de las mismas cuando perciben que la inicial no resulta conveniente, se distorsiona la finalidad del interrogatorio.
Son muchos los males que aquejan nuestro sistema, estos son solo algunos de ellos, la corrupción es otro, esta nace por diferentes motivos, es un tema complejo que merece su propio espacio, sin embargo se puede apreciar que así como hay personas que son naturalmente corruptas, también aparecen aquellas que no lo son, pero la ineficiencia del sistema y la urgencia en obtener tutela los pone en una situación tal, que a fin de procurar que sus papeles avancen o sus razones sean evaluadas, claudican a sus principios, y compran en el mercado negro de la justicia aquello que el Poder Judicial actualmente es incapaz de proveer.
En mi opinión, si pudiésemos medir al Poder Judicial como a la economía, estaríamos atravesando por un período de hiperinflación, la situación es crítica, y dudo mucho que el actual Presidente de la Corte Suprema, por más honorable y sabio en materia jurídica que sea, pueda resolver esta crisis, no lo han hecho los anteriores, tampoco lo va hacer él. Esta misión no es para un abogado o un jurista, sino para ejecutivos y personas que manejen muy bien el gerenciamiento de grandes organizaciones, y cuenten con herramientas modernas de gestión que nos permitan primero parar esta crisis aguda, a fin de posteriormente sacar adelante nuestro sistema de justicia, para que en el futuro sea una alternativa real y confiable de resolución de conflictos.
[1] GUTIERREZ, Walter (director). La justicia en el Perú. Cinco grandes problemas. Documento preliminar 2014-2015. Lima: Gaceta Jurídica, 2015, pp. 17-18. Consulta: 13 de enero de 2017. <http://www.gacetajuridica.com.pe/laley-adjuntos/INFORME-LA-JUSTICIA-EN-EL-PERU.pdf>
[2] Ídem, p. 8.
